2 mil indígenas con Covid en San Martín
San Martín. La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín-CODEPISAM, estiman que más de 2 mil indígenas serían víctimas de la pandemia del Coronavirus.
Señalan que han consolidado esta información y la ha hecho pública en una «Carta Abierta» a diversos estamentos del Estado peruano.
Además, recalcan que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en sus zonas, no cuentan con personal suficiente, que están desabastecidos de medicinas y pruebas rápidas y moleculares.
También exigen al Estado, el cumplimiento de normas como la: Resolución Ministerial N° 308-2020-MINSA. “Plan de intervención para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía” y la Resolución Ministerial N° 386-2020-MINSA. “Orientaciones para la Conformación y Funcionamiento del Comando COVID-19 Indígena”.
Este proceso mismo de auto reporte de casos, da a entrever que el Estado aún no logra que un departamento como San Martín, con tres pueblos indígenas (Kishwa, Shawi y Awajún) haga efectivo el Decreto Supremo N °005-2020-MC, que aprueba los lineamientos para la incorporación de la variable étnica en los registros administrativos de las entidades públicas, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19.
Ahora, es lógico que al no contar con IPRESS con suficiente personal y pruebas de descarte, y al no aplicar medios alternativos de descarte que queden reportados oficialmente, el sub-registro de la afectación a pueblos indígenas será tan creciente, como la falta de capacidad del Estado para analizar la demanda real de medicamentos.
El 21 de mayo del 2020, bajo Resolución Ministerial N° 308-2020-MINSA, el Estado central indicó que se invertiría S/88 426 254 para atender a las poblaciones rurales e indígenas, sin embargo, el Decreto de Urgencia 071-2020.
El referido Decreto de Urgencia establece el Plan de Intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonia frente a la emergencia del COVID-19, ha indicado que el Ministerio de Economía y Finanzas, desembolsará solamente 74 millones 558,670 soles. Este presupuesto se repartiría en 10 departamentos pero, hay aún mucho por recorrer para que se haga efectivo, es más, para que además, no quede estancado entre poblaciones rurales diversas y llegue las poblaciones indígenas. La pregunta aquí sería: ¿resulta realista este presupuesto para atender a más de cuatro millones de habitantes que estarían en los pueblos indígenas de estos departamentos y además, a otra cantidad mayor de población rural que además, ha crecido por la gran migración de personas desocupadas de la ciudad al campo?
Esto no lleva a otro tema importante, estas mismas regiones, son grandes productoras de alimentos, lastimosamente muchos de estos alimentos son monocultivos, lo cual, ha llevado a varias comunidades a sufrir el desabastecimiento de los mismos. La caída de la diversificación productiva para el autoconsumo y para cubrir la demanda local, está generando también bolsones de inseguridad alimentaria. Lo mismo está forzando a comunidades que aún mantienen sus prácticas de cultivo, a tratar de apoyar a sus pares que solamente producen para los mercados urbanos.
La agricultura familiar convoca al 97% de unidades agropecuarias de nuestra Costa, Ande y Amazonía, generando trabajo para más de 3 millones de personas, lo que representaría el 83% de nuestra Población Económicamente Activa (PEA) en el sector agrario; además, la agricultura familiar aprovecha el 43% del total de la superficie agropecuaria del país.
Por otra parte, la agricultura en general, emplea al 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) Nacional y al 65.5% de la PEA del área rural, y en regiones amazónicas como San Martín, ocupa al 51.8% de la PEA y contribuye con más del 30% del producto bruto interno departamental.
Atender tanto la salud, alimentación y por cierto, también la educación para esta población, es urgente. En el comunicado de los pueblos indígenas de San Martín no se indica, pero, hemos podido acceder a entrevistas con líderes de las principales cuencas del departamento y es un gran problema la capacidad de accesibilidad a medios de comunicación. Los liderazgos locales reclaman ampliación de las redes de telecomunicación tanto radial, como de internet, televisión y apoyo en ampliación de sus medios de radiofonía comunal, asunto que ha venido exigiendo su organización nacional, AIDESEP, al Estado central desde hace varios meses.
Finalmente, esta situación nos da a entender lo poco que el Estado se ha preocupado por derechos tan básicos. En general, antes de la pandemia como ahora, el Estado se viene centrando en procesos de inversión a gran escala, descuidando la salud, educación y economía de quienes realmente mueven al país. Banderas blancas pidiendo alimentos, caminantes buscando opciones de sobrevivencia, ciudadanos clamando oxígeno y mucho más, pero, sobre todo, exigiendo un Estado con todos los derechos para tod@s y en equidad. (Comunicamazonía)