CN. piden administrar sus propios territorios
Cinco comunidades nativas y nueve caseríos ubicados en la zona de influencia del Área de Conservación Regional-ACR lago Imiría y Chauya, piden al gobierno regional de Ucayali, paralizar toda actividad en el entorno de este territorio, porque consideran que el proyecto (ACR) ha fracasado.
En conferencia de prensa, los jefes de las comunidades y caseríos Nueva Yarina, Nuevo Loreto, Buenos Aires, Caimito, 12 de Mayo, Unión Vecinal, 23 de Diciembre, Flor de Imiría, entre otros, argumentaron que el ACR Imiría, durante los 12 años de su implementación, la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU-Goreu), solo ha gastado millones de soles, sin que a la fecha se vean resultados que beneficie a las comunidades locales.
Por el contrario –dijeron-, en los últimos años, en la zona se ha incrementado considerablemente el sembrío ilegal e la hoja de coca, la depredación del bosque es latente, la invasión territorial y la pesca discriminada en las laguas, por parte de pescadores mestizos es a diario, sin que se pueda controlar.
El proyecto ACR Imiría-Chauya, a través de llamados “guarda parques, sólo limitan la pesca a las familias indígenas, pero no hacen nada para prohibir y controlar la pesca furtiva, que a diario ingresan a las lagunas para depredar lo poco que existe, denunciaron.
“Tras doce años de una deficiente administración del ACR Imiria, por parte del Gobierno Regional de Ucayali-GOREU, solo se ha acrecentado las actividades extractivas en el territorio donde se ubica el lago Imiria y el Chauya; las comunidades y caseríos aledaños protestan y piden que se cierre el proyecto, para que las comunidades nativas administren sus propios territorios, como siempre lo han hecho”, dice el dirigente y comunicador indígena Bernabé Ventura.
Denuncia y división. Mientras tanto, los comuneros con los dirigentes de la Federación de Comunidades Nativas del Distrito Masisea-Feconadim, están divididos, a tal punto que este gremio a denunciado a líderes del Consejo shipibo Conibo Xetebo-Coshicox, por supuestamente haber alterado la tranquilidad en las oficinas del ACR, que tiene como sede la comunidad Junín Pablo.
En su defensa, el actual presidente de Coshicox, Lizardo Cauper, en la conferencia, anunció que ya se activó la asesoría legal de la institución, con el soporte de IDL y Feconau, para la defensa respectiva.