Detectan irregularidades en Municipalidad de Tahuanía

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La Contraloría General identificó que durante el 2019 se efectuaron pagos por servicios de capacitación que no se realizaron en la Municipalidad Distrital de Tahuanía, provincia de Atalaya, donde se contrató a empresas y personas sin experiencia profesional, además que su actividad económica no tenía relación con el objeto de la contratación, ocasionando un perjuicio económico de S/ 770,660 en contra del Estado.

Según el Informe de Control Específico N° 10539-2020-CG/GRUC-SCE, se detectó que las proformas y cotizaciones de las empresas y profesionales no fueron emitidas por sus respectivos suscriptores, quienes indicaron a los auditores, que las firmas que figuran en dichos documentos no les pertenece y que no prestaron servicio alguno en el municipio.

Asimismo, se ha evidenciado, que a cada comprobante de pago se le anexaron fotografías que corresponden a actividades propias de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la entidad.

También, se detectó que, para efectuar dichos pagos, se utilizaron los recursos económicos correspondientes al Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM, los cuales de acuerdo a la normativa de presupuesto debieron ser utilizados en proyectos de inversión donde se crea, amplia, mejora o recupera la capacidad de producción de los bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Tahuanía.

Para poder disponer de dichos recursos se anularon créditos presupuestales de cuatro proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la capacidad productiva e infraestructura local, habilitando presupuesto a intervenciones que no forman parte del Plan de Desarrollo Concertado 2015-2021 y el Presupuesto Participativo 2019, disponiendo que se utilicen recursos del FOCAM.

La comisión auditora identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en el actual alcalde distrital de Tahuanía y 16 funcionarios y ex servidores públicos. Asimismo, se comunicó el informe de control especifico al titular del gobierno local y al Procurador Público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales que correspondan. J.Castillo

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