Detectan irregularidades en Municipalidad de Tahuanía

Compartir

La Contraloría General identificó que durante el 2019 se efectuaron pagos por servicios de capacitación que no se realizaron en la Municipalidad Distrital de Tahuanía, provincia de Atalaya, donde se contrató a empresas y personas sin experiencia profesional, además que su actividad económica no tenía relación con el objeto de la contratación, ocasionando un perjuicio económico de S/ 770,660 en contra del Estado.

Según el Informe de Control Específico N° 10539-2020-CG/GRUC-SCE, se detectó que las proformas y cotizaciones de las empresas y profesionales no fueron emitidas por sus respectivos suscriptores, quienes indicaron a los auditores, que las firmas que figuran en dichos documentos no les pertenece y que no prestaron servicio alguno en el municipio.

Asimismo, se ha evidenciado, que a cada comprobante de pago se le anexaron fotografías que corresponden a actividades propias de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la entidad.

También, se detectó que, para efectuar dichos pagos, se utilizaron los recursos económicos correspondientes al Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM, los cuales de acuerdo a la normativa de presupuesto debieron ser utilizados en proyectos de inversión donde se crea, amplia, mejora o recupera la capacidad de producción de los bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Tahuanía.

Para poder disponer de dichos recursos se anularon créditos presupuestales de cuatro proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la capacidad productiva e infraestructura local, habilitando presupuesto a intervenciones que no forman parte del Plan de Desarrollo Concertado 2015-2021 y el Presupuesto Participativo 2019, disponiendo que se utilicen recursos del FOCAM.

La comisión auditora identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en el actual alcalde distrital de Tahuanía y 16 funcionarios y ex servidores públicos. Asimismo, se comunicó el informe de control especifico al titular del gobierno local y al Procurador Público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales que correspondan. J.Castillo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *