Detectan perjuicio de S/664 mil en la UNIA

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La Contraloría General detectó que funcionarios de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), desde febrero del 2015 a marzo del 2019 pagaron S/ 5.00 por día trabajado al personal docente y administrativo nombrado y contratado del Decreto Legislativo N° 276, por el concepto de asignación de movilidad y refrigerio. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 264-90-EF del Ministerio de Economía y Finanzas fijó el monto de S/ 5.00 mensuales, esto generó un perjuicio económico de S/ 664 274.38 al Estado. Según el Informe de Control Específico Nº 19670-2021-CG/GRU-SCE, se evidenció que dicho pago no contó con la disposición y autorización de la instancia correspondiente de la entidad y se realizó sin el sustento legal que lo ampare. Se determinó que el presidente de la comisión organizadora de la UNIA, el 2 de febrero del 2018 tomó conocimiento que la entidad estaba efectuando estos pagos; sin embargo, dispuso el cese del mismo recién el 22 de marzo del 2019, permitiendo de esta manera que se siga pagando por 13 meses más, a pesar que los pagos eran ilegales. Asimismo, en febrero del 2018, el asesor legal de la universidad emitió tres informes legales dirigidos al titular de la entidad donde advirtió que la asignación de S/ 5.00 diarios por movilidad y refrigerio que la entidad venia pagando no contaba con sustento legal, y que se debía realizar acciones pertinentes para la liquidación de lo indebidamente pagado y la recuperación del mismo, pero los informes que no fueron considerados por el titular de dicha casa de estudios superiores. Se identificó responsabilidad civil y administrativa en 23 exfuncionarios de las oficinas de presidencia de la comisión organizadora, administración, personal, remuneraciones, contabilidad y finanzas de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. El presente informe se notificó el 24 de febrero de 2022 al titular de le entidad, para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, también se comunicó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales correspondientes.

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