Aseguran fondo para remediación lote 192

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Mediante una comunicación a los presidentes de las federaciones de PUINAMUDT, la Directora Ejecutiva del FONAM, Julia Justo, confirmó que el 2 de enero el Ministerio de Energía y Minas transfirió S/. 183,422,001.28 a la cuenta del Fideicomiso para la remediación ambiental del lote 192. Dicha transferencia se da en cumplimiento con la Resolución M i n i s t e r i a l N º 4 1 5 – 2 0 1 9 – MINEM/DM emitida el 26 de diciembre de 2019. Aunque dicho monto había sido comprometido desde 2018 para la implementación de los planes de rehabilitación de 32 sitios priorizados en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre durante el 2019, el Ministerio de Energía y Minas retrasó la firma del convenio que permitiría su transferencia e iniciar los trabajos de remediación. Ante ello, los president e s d e l a s f e d e r a c i o n e s F E D I Q U E P, F E C O N A C O R , OPIKAFPE y ACODECOSPAT exigieron a los funcionarios y funcionarias de los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas que se firme el convenio y se haga la transferencia cuanto antes, ante el peligro de que al culminar el año, el fondo fuera revertido al tesoro público. Finalmente, el convenio fue firmado el 13 de diciembre de 2019. El fondo es un gran paso asumido por el Estado Peruano en cumplimiento a sus compromisos con las federaciones indígenas de PUINAMUDT, cuyas comunidades se han visto afectadas por 50 años de actividad petrolera; tiempo en que ni el Estado ni las Empresas han garantizado el respeto al derecho a un ambiente sano. De hecho, según el informe del Estudio Técnico Independiente para la remediación del ex lote 1AB (hoy lote 192) realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2018, en todos los años de actividad del lote, no se ha realizado ningún proceso de remediación adecuada. Ello se ve agravado por la permisividad del Estado para con las empresas, como Pluspetrol, que han explotado hidrocarburos, se han beneficiado económicamente, y a quienes se les está permitiendo evadir su responsabilidad de presentar un Plan de Abandono adecuado que permita la remediación apropiada de todos los sitios, así como pagar los costos de dichas labores. Debido a las innegables suspicacias que genera el comportamiento de los sectores estatales para con las empresas, y debido también a las crisis de corrupción que atraviesan las instituciones, las federaciones exigen que el fondo para la remediación sea gestionado en el marco de la ley 30321, según la cual la Junta Administrativa es la encargada de determinar las condiciones y acciones para la remediación. Dicha Junta Administrativa está conformada por MINEM, MINAM, MINSA, MINAGRI, MIVCS y las federaciones indígenas, y su secretaría técnica está a cargo del FONAM. Este canal para gestionar los fondos asegura mayor transparencia y participación del proceso, y tiene ya un precedente exitoso en la gestión del fondo inicial de 50 millones de soles, dado en 2016, que permitió desarrollar una co-gestión intersectorial e intercultural para la elaboración de los planes de rehabilitación de 32 sitios priorizados. En el lote 1AB (hoy 192) se registraron, hasta setiembre de 2015, cuando Pluspetrol dejó sus operaciones, más de 1200 sitios impactados sin instrumentos de gestión ambiental y más de 500 en controversia con el Estado. Desde entonces y hasta mayo del año pasado, se registraron 73 emergencias ambientales, responsabilidad de la canadiense Frontera Energy, que culminará sus operaciones dentro de los siguientes 5 meses, pero que hasta hoy no cumple con presentar su Plan de Abandono para la rehabilitación de las zonas afectadas por sus operaciones. A pesar de que la transferencia de los 183 millones es un paso importante en materia ambiental, el monto de 183 millones resulta insuficiente para la magnitud de los daños de 50 años de actividad petrolera. Este fondo sólo cubrirá el costo de la remediación de 10 de los más de 2000 sitios contaminados, ya que, según los planes de rehabilitación elaborados por FONAM, el costo total para la remediación de 32 sitios priorizados asciende a cerca de 700 millones de soles. Incluso si el Estado cumple su compromiso de destinar 183 millones adicionales para estas labores de remediación, el total de 370 millones sólo alcanzaría para recuperar el 2% de todas las zonas afectadas. Dada la deuda histórica del Estado Peruano para con los pueblos indígenas de la zona cuyos derechos a la salud y ambiente sano se han visto vulnerados por medio siglo, es crucial que el Estado asuma compromisos ambientales serios y garantice la destinación de fondos que permitan continuar con el proceso de co-gestión emprendido entre FONAM y las federaciones indígenas para la remediación de sus territorios de vida.

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