GORESAM RECHAZA MODIFICACIÓN DE LEY FORESTAL QUE FAVORECE LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA
El gobernador regional Walter Grundel Jiménez, se pronunció en la reunión del Parlamento Amazónico desarrollado hoy en la ciudad de Lima
Sobre la irregular modificación de la Ley Forestal, la misma que fue firmada ayer por el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, manifestó su enérgico y profundo rechazo, ya que según especialistas la modificación de esta ley favorece la deforestación en la Amazonía y atenta contra los medios de vida de los agricultores, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Así se pronunció el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, en la reunión de trabajo del Parlamento Amazónico desarrollado hoy en la ciudad de Lima, en el marco del reconocimiento nacional que recibió la región San Martín por parte del Ministerio del Ambiente, por los avances desarrollados en la implementación de medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.
Grundel Jiménez, mostró su incomodidad porque en la región San Martín a comparación de las demás regiones amazónicas se ha avanzado más en la mitigación del cambio climático y se vienen trabajando con más intensidad a fin de obtener mejores resultados, sin embargo estas determinaciones del Legislativo no hacen más que obstaculizar los proyectos a favor del medio ambiente, generando consecuentemente, el repudio de los pueblos de la Amazonía.
Es preciso indicar que especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señalaron en un informe legal, que la modificatoria de la Ley Forestal promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques. Esta Ley se aprueba pese a que la deforestación en el Perú se ha incrementado en cerca de un 7%.
La Ley aprobada por el congreso no ha cumplido con los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, vulnerando sus derechos colectivos reconocidos por el Estado peruano y el Convenio 169 de la OIT. Afectando aún más los entornos de inseguridad de las personas defensoras de derechos de pueblos indígenas y derechos ambientales, debido a que se incrementarían los riesgos de las actividades ilegales que invaden territorios y causan deforestación.