NATIVOS DE MEGANTONI ANUNCIAN PARO 24 HORAS
Amenazan con cerrar el río
NATIVOS DE MEGANTONI
ANUNCIAN PARO 24 HORAS
El conflicto social en el Bajo Urubamba, en el distrito de Megantoni, ha ingresado a una fase crítica luego de que comunidades nativas, organizaciones indígenas y autoridades locales lanzaran un ultimátum de 48 horas al Estado peruano y a las empresas que operan en la zona para atender sus demandas.
La decisión fue adoptada durante una asamblea general del Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba, realizada el pasado 8 de abril en el auditorio de la municipalidad distrital, con la participación de líderes comunales y representantes de diversas organizaciones.
En su pronunciamiento, las comunidades denunciaron la falta de respuestas concretas frente a hechos considerados graves en su territorio, especialmente un incidente ocurrido en el kilómetro 43, que ha generado preocupación e indignación entre la población.
Entre sus principales exigencias se encuentra la instalación inmediata de una mesa multisectorial con capacidad de decisión, la emisión de un Decreto Supremo que declare de interés nacional el desarrollo de Megantoni y Sepahua, así como una indemnización integral por los daños ocasionados al territorio y sus habitantes.
El punto más crítico del documento es el plazo de 48 horas otorgado al Estado y a la empresa Transportadora de Gas del Perú para brindar una respuesta concreta. De no obtenerse una solución, las comunidades advirtieron que iniciarán medidas de lucha en defensa de su territorio, que podrían incluir paralizaciones y protestas que impacten directamente en las operaciones de la zona gasífera de Camisea.
“El pueblo indígena ya no espera. El Bajo Urubamba está de pie”, señala el pronunciamiento, respaldado por organizaciones como COMARU, CECONAMA, FECONAYY y CECOABU, además de jefes comunales y autoridades locales.
Megantoni, considerado un distrito clave por su actividad gasífera en Camisea, podría enfrentar en los próximos días una escalada del conflicto social si no se establecen canales de diálogo efectivos. La atención ahora se centra en la respuesta del Gobierno y las empresas involucradas, mientras el plazo continúa corriendo. J.Castillo