Detectan perjuicio económico en Ugel Loreto – Nauta

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Loreto. – La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 4 ex funcionarios, responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto -Nauta (UGEL), quienes, en el ejercicio 2017, autorizaron pagos a favor de funcionarios, servidores y personas que no tenían vínculo laboral ni contractual con la entidad, lo que ocasionó un perjuicio económico por S/2 674 999,10.

En el Informe de Servicio de Control Específico N°040-2020-2-5345-SCE, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Loreto, pone en evidencia que durante el periodo de 1 de abril al 30 de noviembre de 2017, se realizaron transferencias electrónicas sin sustento legal; pagos con violación flagrante de los procedimientos y exigencias legales establecidos en la normativa de presupuesto público. Además, se registró información carente de veracidad en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF) de la mencionada UGEL.

Según el informe, los servidores y funcionarios beneficiarios sostienen que las transferencias electrónicas a su favor, corresponden al pago de incentivos laborales devengados que fueron ejecutados en acatamiento de un mandato judicial y de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

La comisión de control ha determinado que dicha afirmación no sustenta la ejecución de los pagos observados, y solo constituye una justificación utilizada para dar la apariencia de legalidad a un proceso de ejecución del gasto público que no lo era, por las siguientes razones: Los pagos ejecutados no guardan correlato con el sentido y los efectos de la decisión judicial. Los pagos ejecutados se habilitaron en base a la violación flagrante de los procedimientos y exigencias legales de las normas que regulan la ejecución del gasto público. Los pagos ejecutados no guardan correlato con las orientaciones del Ministerio de Economía y Finanzas

Por los hechos detectados, la Contraloría recomendó al Procurador Público Anticorrupción, dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del mencionado Informe de Control Específico.

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