No dieron custodia a víctima de feminicidio
El pasado 03 de abril, el juez del Juzgado de Familia de Coronel Portillo, Carlos Alberto Ballardo Japan, emitió una orden de medida de protección a favor de Chelsy Smith Villacorta Chistama. La medida de protección fue emitida debido a la constante agresión física y psicológica que sufría Chelsy por parte de su agresor Reno Gallegos Jonathan Dinehs.
Para hacer cumplir la orden de protección, se instruyó a la PNP de la comisaría de San Fernando a llevar a cabo patrullaje diario en el domicilio de la víctima por un período de 24 meses, con el fin de evitar nuevos actos de violencia. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la familia de Chelsy Smith Villacorta Chistama acusa directamente la inoperancia del sistema policial y judicial de la región como parte de la responsable fática desenlace de la víctima.
Hoy en día, los familiares y amigos de Chelsy Villacorta lloran su pérdida y exigen justicia por su caso. La muerte de Chelsy Villacorta pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas más efectivas para protegerla. Es necesario que se investigue y se tomen medidas para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia doméstica y para evitar que casos como el de Chelsy se repitan en el futuro.
Claman justicia tras recibir amenazas de muerte
A dos días de que la familia de Shelsy Smith Villacorta Chistama, le diera el último a dios en cuerpo presente, este lunes por la tarde llegaron hasta el historio Óvalo Saénz Peña, desde donde iniciaron una marcha para llegar hasta la oficina donde se tutela la justicia en la región de Ucayali.
La familia de Villacorta Chistama, asegura que durante el fin de semana varios miembros de su familia recibieron llamadas de parte de Jonathan Moreno Gallegos.Éste se habría agenciado de números telefónicos, con el viene haciendo la comunicación para que estos no continúen haciendo presión, y que la policía no sigua con las investigaciones que se le sigue por la muerte de su ex conviviente.
Familia llegó hasta la sede principal del Ministerio Público en Ucayali, lugar donde solicitaron tomar acciones contra el fiscal a cargo del proceso de investigación de la denuncia que tenía contra el feminicida que hoy se encuentra como no habido para la justicia. (A. Segovia).