Traficantes de terrenos manipulan agricultores
El reciente comunicado publicado por el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), sumado a las observaciones formuladas por la SUNARP, dan cuenta que la reversión del predio en San Juan de Pumayacu era inviable.
El predio fue vendido por una empresa pública a un privado en el 2003, como parte de su liquidación y con autorización de Proinversión. Un año después recién entró en vigencia la ley de reversión. Finalmente, en el 2018, el predio, debidamente saneado, fue vendido de un privado a otro privado: Bosques Silvestres SAC.
El GOREU, a través de la Dirección Regional de Agricultura, intentó aplicar sin éxito la reversión sobre para confiscar este predio en el 2019 y en el 2021. En ambas oportunidades esta acción fue observada por la Sunarp al no poderse ejecutar por carecer de sustento legal.
Asimismo, se sostiene que la reversión del predio busca defender la posesión de los comuneros. Esto también resulta equivocado. Por el contrario, según lo ha manifestado el abogado constitucionalista Luciano López, la aplicación irregular de la ley de reversión crearía un peligroso antecedente para los agricultores ucayalinos, quienes podrían ser despojados de sus terrenos si es que antes le pertenecieron a una empresa o sociedad pública, en este caso el GOREU. Eso los dejaría a merced de cualquier funcionario de turno con aspiraciones equivocadas.
Lo que sí es cierto es que el Director Regional de Agricultura de Ucayali, Luis Enrique Torres, fue despedido por apoyar a los agricultores en su intento de reversión.
Según fuentes consultadas al interior del GOREU, la salida de Torres se debió a que “este habría inducido al error al Goreu Ucayali, al parecer, por haber intentado registrar ante SUNARP una propiedad ubicada en Tournavista, un problema legal que ya tiene varios años y cuya acción sería inconstitucional”.
El ex DRAU transgredió las normas al ingresar un título para ser inscrito en SUNARP a pesar de conocer que ya había sido previamente observado y tachado por la misma institución en el año 2019. Se volvió a intentar inscribir a pesar de que ninguna de las observaciones realizadas por SUNARP en la tacha anterior fue resuelta o subsanada.
Actualmente, la Fiscalía Provincial Penal de Campo Verde investiga a 14 personas y a traficantes de terrenos por delitos graves de secuestro e intento de homicidio contra 4 trabajadores de Refinca. El hecho sucedió el 16 de julio del 2020, luego de que los agraviados denunciaron ante la Policía la usurpación de predios por hombres armados. Sin embargo, la empresa ha denunciado públicamente con evidencias y registros que ya son 7 las veces en que personas con armas de fuego y machetes ingresan a sus predios.
Estos hechos han concluido con la quema de 3 campamentos, 6 tractores de oruga, 4 motos lineales, 2 furgonetas, destrucción de 2 camionetas, entre otros daños materiales y personales. Todos estos acontecimientos están en manos de la Fiscalía de Campo Verde, en proceso de investigación preliminar y preparatoria.
Otro hecho innegable es que en la región Ucayali hay organizaciones criminales que trafican drogas, tierras y madera ilegal.
Lamentablemente, como en la década de los 90, los cultivos de coca y el narcotráfico están creciendo en Ucayali. La tala ilegal sigue imparable, con la complicidad de algunas malas autoridades. Los traficantes de tierras siguen engañando a humildes campesinos que sueñan, con todo derecho, a un espacio para alimentar a su familia.
En la región Ucayali está creciendo el crimen organizado y la corrupción. Esto es una grave amenaza para el futuro de nuestros hijos y de la región.