GUARDIA NATIVA YURÚA ENFRENTA AL NARCOTRÁFICO
E invasiones
GUARDIA NATIVA
YURÚA ENFRENTA
AL NARCOTRÁFICO
Comunidades indígenas de la frontera entre Ucayali y Brasil crearon una guardia para vigilar sus territorios ante el avance del narcotráfico, el consumo de drogas, la extracción ilegal de recursos y el ingreso de ciudadanos brasileños. La crisis vuelve a exponer una deuda mayor: Yurúa necesita conectividad, pero también seguridad, salud y presencia permanente del Estado.
Un reportaje de Mongabay Latam, elaborado desde Puerto Breu y distintas comunidades de la frontera entre Perú y Brasil, revela la difícil situación que atraviesan los pueblos indígenas de Yurúa. El narcotráfico, las invasiones territoriales, la extracción ilegal de madera y aceite de copaiba, así como la caza y pesca no autorizadas, avanzan en una zona donde las autoridades tienen recursos limitados y las comunidades deben organizarse para protegerse. En el distrito conviven seis pueblos indígenas: amahuaca, asháninka, ashéninka, chitonahua, yaminahua y yanesha.
La distancia con Pucallpa convierte a Puerto Breu en uno de los lugares más costosos y aislados del país. Solo se puede llegar regularmente por vía aérea, mientras que un viaje fluvial podría tardar hasta un mes. El galón de gasolina alcanza los S/55 y productos básicos como el arroz y el azúcar llegan principalmente desde Brasil. El servicio eléctrico funciona apenas unas horas al día y, cuando las lluvias deterioran la pista de aterrizaje, los vuelos se suspenden. Esa desconexión no ha impedido el ingreso de actividades ilegales; por el contrario, ha dejado amplios espacios sin vigilancia estatal.
Una de las mayores preocupaciones es el tránsito de droga hacia Brasil. Pobladores y autoridades locales señalan que los denominados “mochileros” llegan desde sectores próximos a Nueva Italia y utilizan diferentes rutas terrestres y fluviales para alcanzar Puerto Breu y cruzar la frontera. La carretera UC-105 aparece como parte de uno de esos recorridos, a través de territorios como Sawawo y Shahuaya, pero no es la única vía señalada: también se mencionan los ríos Sheshea, Huacapistea, Putaya y Tamaya. El problema, por tanto, no se reduce a la construcción de una carretera, sino a la ausencia de control sobre un territorio extenso y vulnerable.
El paso de la droga ya estaría produciendo efectos dentro de las propias comunidades. Líderes indígenas relataron casos de adolescentes, jóvenes e incluso menores de edad que consumen pasta básica de cocaína. Algunas familias han tenido que enviar a sus hijos a Pucallpa para alejarlos de ese entorno, mientras otras narran situaciones de violencia, deterioro de la salud y pérdida de bienes familiares. Sin embargo, no existe un registro completo de personas afectadas ni atención especializada permanente. Yurúa tuvo un profesional de psicología hasta 2025, pero este año el servicio no fue cubierto nuevamente.
La capacidad de respuesta policial también es mínima. Puerto Breu no cuenta con una comisaría, sino con un puesto de vigilancia fronteriza instalado frente a la plaza principal y sin condiciones adecuadas para recibir denuncias o mantener detenidos. El puesto que debería funcionar en el hito 38 permanece abandonado y, según el efectivo responsable citado por Mongabay, no se recuerdan operativos contra el narcotráfico en las rutas señaladas por la población. En salud, apenas cuatro establecimientos atienden a las comunidades del distrito y los casos graves dependen de evacuaciones aéreas hacia Pucallpa, que pueden tardar varios días.
A las rutas del narcotráfico se suman los ingresos desde Brasil para extraer recursos naturales. Comunidades como Koshireni, Oore y Santa Rosa denuncian incursiones para cazar, pescar y talar dentro de territorio peruano. Sus dirigentes aseguran haber acudido ante autoridades locales, la Policía, el Ejército y otras instituciones sin obtener una respuesta suficiente. En Onconashari y Nueva Bella, otra preocupación es la extracción ilegal de aceite de copaiba, un producto de alto valor comercial que personas foráneas retirarían en grandes cantidades para trasladarlo hacia Pucallpa o Brasil.
Frente a estas amenazas, la Organización Regional Aidesep Ucayali y la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa Yono Sharakoiai formaron, en noviembre de 2025, la Guardia Indígena Fronteriza. Su presidente, Vicente López Marín, explicó que la organización nació para unir a las comunidades, vigilar sus territorios y coordinar con la Policía ante situaciones que pueden tornarse violentas. Los guardias realizan patrullajes y buscan documentar mediante celulares y equipos de georreferenciación los puntos donde detectan invasiones, extracción ilegal de recursos o posibles actividades vinculadas al narcotráfico.
La realidad de Yurúa plantea una discusión que va más allá de estar a favor o en contra de una carretera. La población fronteriza necesita conectarse con Pucallpa para acceder a alimentos, salud, educación, mercados y atención del Estado, pero esa conectividad debe llegar acompañada de puestos policiales operativos, control territorial, vuelos regulares, servicios públicos y oportunidades productivas. Sin esas condiciones, las comunidades continuarán enfrentando prácticamente solas a organizaciones ilegales que sí cuentan con rutas, dinero y capacidad para moverse por la frontera. La Guardia Indígena es una respuesta comunitaria, pero no puede reemplazar las responsabilidades del Estado peruano.