Incautan 32 mil pt de madera ilegal
Mariscal Cáceres. – Tras nueve operativos conjuntos, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Juanjuí, dio duro golpe al tráfico ilegal de madera, logrando incautar e inmovilizar un aproximado de 32,200 pies tablares de madera de diferentes especies que no contaban con la documentación que acredite su procedencia legal, los cuales eran acopiados y almacenados en cuatro locales de la provincia de Mariscal Cáceres.
Los operativos realizados durante los días 15 y 16 de diciembre, se ejecturon bajo la coordinación del fiscal provincial, Héctor Jesús Vera Santamaría, con la participación de representantes de la Policía Ambiental y de la Autoridad Regional Ambiental (ARA).
Los primeros cinco operativos ejecutados el martes último, permitieron la inmovilización e incautación de 1200 pies tablares motoaserrados de las especies quillosisa y huimba, y de 6000 pies tablares de las especies ojé, coquimbo, ana caspi y papelillo, encontrados en dos centros de transformación de madera ubicados en el centro poblado Juanjuicillo y en el puerto Amberes, respectivamente.
Posteriormente, el miércoles 16 de diciembre, la autoridad fiscal, dispuso la inmovilización e incautación de 66 piezas de rollizas motoaserradas que ascendían a 2500 pies tablares de madera de una especie aún por definir, además de 1500 piezas de rollizas que hacían un volumen de 25 mil pies tablares de bolaina, de los cuales 15 mil pies ya se encontraban habilitadas.
Este último hallazgo se produjo al interior de un conocido centro de transformación de madera ubicado a la altura de la carretera Fernando Belaunde Terry, ruta Juanjuí – Tocache, en el distrito de Juanjui.Desde la fiscalía se informó que, todo el recurso forestal maderable incautado fue puesto bajo custodia de la ARA con sede en Juanjuí hasta determinar su origen lícito.
En tanto, los propietarios de los centros intervenidos permanecerán en calidad de citados para las investigaciones que corresponden, mientras, deberán presentar sus descargos en el plazo de 10 días hábiles ante la autoridad competente, a fin de acreditar la licitud y legalidad del producto forestal maderable que les fue incautado.