PRORROGAN PRISIÓN PARA ALCALDE IRAZOLA
Aumentan nueve meses investigación por colusión agravada
PRORROGAN PRISIÓN
PARA ALCALDE IRAZOLA
El juez Rony Torres Gómez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Aguaytía, ordenó que el alcalde del distrito de Irazola, Juan Carlos Gámez Huaytón, junto con su exgerente de Administración municipal, Jhon Gilbert Alex Chu Orrego, continúen recluidos en el penal de Pucallpa por nueve meses más.
El juez declaró fundado el pedido de prolongación de prisión preventiva en contra del alcalde, en el marco de una investigación por presuntos delitos de colusión agravada y falsificación de documentos.
La medida se sustentó en el riesgo de fuga y la obstrucción de la justicia por parte de los acusados. La prolongación de la prisión preventiva, según el Código Procesal Penal, se dicta cuando persisten las circunstancias que justificaron la medida inicial, como el riesgo de fuga o la obstrucción de la justicia.
Esta extensión se solicita cuando el plazo original no fue suficiente para concluir la investigación o el proceso judicial debido a la complejidad del caso, o cuando se necesita más tiempo para asegurar la correcta recolección de pruebas y testimonios.
Además, la gravedad del delito y la prognosis de una pena severa son factores tomados en cuenta para sostener la prolongación.
En enero de 2023, la Municipalidad Distrital de Irazola solicitó la adquisición de llantas, cámaras y repuestos para el mantenimiento de su maquinaria pesada. El valor de estos bienes ascendía a más de S/ 100,000, lo que requería un proceso de adjudicación simplificada según las normas de contratación del Estado. Sin embargo, en lugar de realizar este procedimiento, las autoridades municipales, lideradas por el alcalde Gámez Huaytón, decidieron fraccionar las adquisiciones en cuatro operaciones menores, evadiendo así el proceso de selección requerido, según fiscalía.
El entonces gerente de Administración, Chu Orrego, habría coordinado con los proveedores para dividir las compras, presentando cuatro contratos que sumaban S/ 131,806. Los pagos se realizaron a las empresas Tractors & Trucks y Repuestos Diesel DM SAC, a través de cuatro comprobantes de pago emitidos en marzo de 2023.
A lo largo de este proceso, las autoridades habrían adulterado las proformas originales para inflar los precios de los bienes adquiridos. Una cotización de S/ 76,320 por parte de Repuestos Diesel DM SAC fue fraccionada en tres compras que sumaban S/. 101,178, lo que generó una presunta ganancia ilícita de S/. 24,858.
Durante las investigaciones, la fiscalía encontró pruebas de falsificación de documentos y manipulación de cotizaciones. El proveedor David Mera Naval declaró que fue contactado por Chu Orrego para entregar las llantas antes de la regularización de la documentación y que él mismo no elaboró varias de las facturas presentadas, las cuales fueron emitidas por Chu Orrego utilizando su clave de acceso a la SUNAT.
En el allanamiento a la Municipalidad de Irazola, se descubrieron guías de remisión incompletas y documentos sin firmas, lo que reafirmó la sospecha de las irregularidades en el proceso de compra. Además, se presentaron conversaciones de WhatsApp que evidenciarían la coordinación entre Chu Orrego y otros involucrados para falsificar proformas y utilizar sellos.
Por estas razones en diciembre de 2023, el mismo juzgado ordenó la prisión preventiva por nueve meses para ambos.
Las razones para la prolongación de la prisión preventiva. El Ministerio Público justificó su solicitud de prolongación de la prisión preventiva argumentando que aún quedaban diligencias importantes por realizar y que existía un alto riesgo de obstrucción de la justicia. Entre las razones se encuentra el peligro de fuga, ya que el alcalde como autoridad máxima de la municipalidad, tiene los recursos y la capacidad para evadir la justicia. El delito imputado conlleva una pena privativa de libertad superior a los cinco años, lo que incrementa el riesgo de que intente huir.
Se consideró el riesgo de manipulación de pruebas. Los acusados, en particular Chu Orrego, ya habría demostrado su capacidad para falsificar documentos y adulterar pruebas. Permitir su libertad pondría en peligro la integridad del proceso de investigación, ya que podrían destruir o manipular más evidencias. El Ministerio Público también tomó en cuenta que los acusados, debido a sus cargos de poder, podrían influir en testigos clave o condicionar las declaraciones de otros involucrados en el caso.
Así como van las investigaciones seguidas contra los alcaldes, se tiene claro que los hechos de corrupción no tienen tregua y esta pendiente de resolver la apelación recientemente solicitada por el alcalde Maisea Waldo Guerra Ríos, quien pidió se le revierta la condición de prisión preventiva./ Tony Reátegui.