Frente a las acciones para garantizar la destitución y sanción inmediata de los docentes condenados por violencia sexual contra estudiantes en la región Loreto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) saludó las acciones tomadas por el Ministerio de Educación. El abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el Perú es una violación de sus derechos humanos y un delito penal.

Que estos actos delictivos ocurran al interior de las escuelas por parte del personal que conforma la comunidad educativa, es intolerable, y pone en riesgo a todas las y los estudiantes, impidiendo que accedan a una educación de calidad. Se remarcó que la violencia sexual es uno de los problemas más graves que afecta a la infancia peruana y debe ser atendida con diligencia excepcional, sin importar el ámbito en el que ocurra. Las cifras reportadas por el Estado peruano son contundentes al revelar que el 34,6 % de adolescentes entre 12 y 17 años reportó que alguna vez fueron víctimas de violencia sexual en la escuela o en la familia.

Unicef citó que en el 2017 los Centros de Emergencia Mujer reportaron 6 593 casos de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes. Esta situación requiere una acción urgente del Estado como garante de los derechos de la niñez y la adolescencia peruanas, se remarcó. La escuela, por definición siempre debe ser un espacio de confianza en el que los estudiantes se sientan motivados para el aprendizaje y protegidos por todos los adultos que forman parte de ella. Por tanto, se requiere contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia y cuando ésta ocurra, detectarla oportunamente.

Es preciso una respuesta eficaz para que las victimas obtengan justicia y el daño pueda ser reparado. En el caso de la violencia sexual se requiere, además, garantizar la sanción efectiva y oportuna a los agresores. Los hechos reportados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento Nº 378-2018-CG/GRLO-AC de la Contraloría General de la República dan cuenta sobre presuntas irregularidades en la Dirección Regional de Educación de Loreto, y muestran enormes desafíos para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes al interior de las escuelas y evitar la impunidad de los autores.

Al respecto, Unicef subrayó que es urgente asegurar la sanción administrativa y penal para los autores involucrados con la violencia sexual, y para aquellos que han incumplido su responsabilidad respecto de la protección de las y los estudiantes en la escuela. Asimismo, es imprescindible asegurar que ningún autor de violencia sexual pueda volver a trabajar con niños, no solo en el ámbito educativo, sino en cualquier otro servicio que los atienda.

Frente a casos de violencia sexual, Unicef reafirmó su compromiso con el Estado peruano para fortalecer de manera inmediata las estrategias de prevención, protección efectiva de las víctimas, inicio de los procedimientos administrativos y penales correspondientes, así como un seguimiento que garantice el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Estas medidas contribuirán a su protección, recuperación y resarcimiento del daño causado.

Unicef recordó que al Estado, en particular al Ministerio de Educación, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y a la sociedad civil, que la lucha contra esta desgarradora realidad es una responsabilidad compartida. “Todos, absolutamente todos, debemos combatirla. Cualquier forma de violencia contra los niños es intolerable y se puede prevenir.

El sistema educativo y la sociedad en su conjunto deben tener una política y actitud de “Tolerancia Cero” frente a estos gravísimos delitos”, subrayó la entidad. Finalmente, Unicef reafirmó que continuará apoyando los esfuerzos del Estado peruano para garantizar todos los derechos para todos los niños; en particular, su derecho a vivir una vida libre de violencia, a una educación de calidad y a acceder a la justicia cuando son víctimas de delitos.

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