Siete municipios SM solo tienen botadero

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San Martín. – Como resultado del Operativo de Control “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022”, la Contraloría General evidenció en las 10 municipalidades provinciales de la región, diversos riesgos relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos; disponibilidad de los recursos públicos, personal de limpieza y gestión de puntos críticos.

Las situaciones identificadas podrían afectar la salud de la población y del personal de limpieza; la calidad del medio ambiente y del servicio, así como su financiamiento y sostenibilidad en el presente año.

Para el despliegue de esta intervención en la región, se realizaron visitas de control a una muestra representativa de 34 municipalidades, de las cuales 24 son distritales y 10 provinciales. Se contó con la participación de 25 auditores.

El operativo, que se desarrolló entre el 15 al 30 de marzo de 2022, formó parte de la estrategia de la Contraloría General orientada a impulsar el control preventivo enfocado a los servicios al ciudadano, con el objetivo de alertar y comunicar a los alcaldes la existencia de riesgos y oportunidades de mejora en el cumplimiento de la prestación del servicio de limpieza pública para la adopción de medidas correctivas que permitan superar las deficiencias identificadas en materia de salud, calidad del medio ambiente, disposición de residuos sólidos y otros.

RESULTADOS:

Durante las visitas de control se identificaron diversos hechos adversos, siendo los más resaltantes en el caso de las municipalidades provinciales de Moyobamba, San Martín (Tarapoto), Rioja, Lamas, Mariscal Cáceres (Juanjuí), El Dorado (San José de Sisa), Tocache, Huallaga (Saposoa), Bellavista y Picota, los siguientes:

Seis no cuentan con un programa de segregación en la fuente (donde se genera la basura) y selección de residuos sólidos, lo que pondría en riesgo la adecuada recolección selectiva y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Es decir, arrojan su basura en un botadero sin un apropiado proceso de selección y solo tres municipios disponen sus desechos en un relleno sanitario.

Seis no tienen un instrumento de gestión para erradicación de puntos críticos de acumulación de basura en la zona urbana, lo que afectaría la salud de la población y contamina el medio ambiente. Son 28 los puntos críticos detectados, distribuidos en las ciudades de Picota, Tarapoto, Lamas, San José de Sisa, Bellavista y Saposoa.

Siete presentan alta morosidad en el pago de arbitrios por el concepto del servicio de limpieza pública, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad y continuidad del servicio.

Siete no han realizado acciones para la incorporación del personal del servicio de limpieza pública al régimen laboral correspondiente, con el fin de que la municipalidad sea su único y directo empleador, y garantizar así el servicio.

En cinco municipios su personal del servicio de limpieza pública no cuenta con exámenes ocupacionales y seguro complementario de trabajo de riesgo, lo que pondría en peligro su salud y la continuidad de la prestación del servicio.

Cinco no tienen un plan de rutas establecido para la recolección de residuos sólidos, lo que afectaría la salud de la población y al medio ambiente.

Cuatro no han elaborado su plan provincial de gestión de residuos sólidos municipales (PIGARS,) lo que pondría en riesgo la adecuada, eficaz y eficiente gestión de los residuos sólidos hasta su disposición final.

Tres no tienen el instrumento de gestión ambiental (IGA), lo que pondría en riesgo la ejecución de acciones de recuperación de área degradadas por disposición de residuos sólidos: Picota (botadero Winge), Moyobamba (botadero Tunchiyacu), Huallaga-Saposoa (botadero El Eslabón).

RESULTADOS NACIONALES

A nivel nacional, la Contraloría General evidenció en 696 municipios provinciales y distritales del país, diversos riesgos relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos; disponibilidad de los recursos públicos, personal de limpieza, gestión de puntos críticos, así como en su función de supervisión y fiscalización.Entre los resultados más relevantes del Informe Consolidado N° 3583-2022-CG/AGR-SOP figuran la falta de acciones en el manejo de la disposición final de los residuos sólidos, así como en la implementación de medidas para asegurar la salud y seguridad de los obreros municipales del servicio de limpieza pública.

Además, se evidenció que más de la mitad de los municipios visitados presentan puntos críticos por acumulación de basura en sus jurisdicciones y niveles de morosidad en el pago de arbitrios que pondrían en riesgo la sostenibilidad del servicio de limpieza. Asimismo, 35 municipalidades del país no están tomando medidas para implementar la Ley 31254 (que prohíbe la tercerización de los servicios de limpieza pública), desde julio próximo.

En el operativo se realizaron visitas de control a una muestra representativa de 696 municipalidades de todo el país, de las cuales el 73% (511) son distritales y 27% (185) provinciales. Dicha muestra representa el 91% de un total de 764 municipios que tienen más de 500 viviendas urbanas. En el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se cubrió el 100% de sus distritos.

Para el despliegue de esta intervención en las 25 regiones del país, se contó con la participación de 490 auditores y la colaboración de 104 Monitores Ciudadanos de Control.

Los resultados del operativo a la “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022” fueron comunicados al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos, a fin que disponga las medidas correctivas que permitan superar los hechos de riesgo identificados. Asimismo, el informe fue notificado a los titulares de los 696 municipios visitados, quienes tienen la responsabilidad de adoptar las acciones que garanticen la prestación del servicio público de limpieza en virtud de lo revelado por la Contraloría, para el beneficio de la población.

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