DENUNCIAN A 2 JUECES DE CORTE UCAYALI
Por presunta corrupción
DENUNCIAN A
2 JUECES DE
CORTE UCAYALI
Ante la Segunda Fiscalía Superior Penal acudió la Cámara Peruana de la Construcción, señalando un presunto escándalo de corrupción dentro del sistema judicial de Ucayali, revelando presuntas irregularidades en el manejo de sanciones contra empresas constructoras.
Los denunciados en este caso son los magistrados César Jean Frank Tucto Santamaría y Alberto Ballardo Japan, así como las especialistas legales Jessica Galy Paitán Cano e Irma Doris López.
La denuncia presentada ante la Segunda Fiscalía Penal de Ucayali sostiene que los mencionados operadores de justicia otorgaron una medida cautelar irregular y realizan acciones en beneficio de las empresas J.P.C. Ingenieros SAC y Dasiel SAC.
Estas empresas formaban parte del consorcio «Rupa Rupa», encargado de la ampliación y remodelación del Mercado Modelo de Tingo María, con un presupuesto de S/ 15,695,204.77.
El Tribunal de Contrataciones del Estado en Lima había sancionado a J.P.C. Ingenieros SAC y Dasiel SAC el 22 de junio de 2022, imponiéndoles una inhabilitación de 10 meses para contratar con el Estado debido a la presentación de información incorrecta durante el proceso de licitación.
Sin embargo, el 18 de agosto de 2022, el magistrado Alberto Ballardo Japan, junto con la especialista Jessica Galy Paitán Cano, en ese entonces del Primer Juzgado Civil de Ucayali, emitieron una medida cautelar que levantó la sanción impuesta.
El 18 de marzo de 2024, la Sala Especializada en Civil y Afines de Ucayali declaró nula la resolución del Primer Juzgado Civil, que había considerado incompetente su jurisdicción respecto a la medida cautelar a favor de las constructoras. La Sala ordenó al juez de la causa emitir una resolución conforme a la ley.
.La denuncia contra J.P.C. Ingenieros SAC y Dasiel SAC no es la única que pesa sobre estas empresas. Según el vicepresidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Enoc Ato Roque , el procurador de la OSCE también ha presentado una denuncia penal contra ellas por la presentación de documentación falsa durante otras licitaciones de obras. / Tony Reátegui