Internan a adolescente retenida con armas
La Juez Jessenia Tafur Ríos, jueza del Juzgado de Familia de Yarinacocha, declaró responsable a la adolescente de iniciales K. V. C. T. de 17 años, de cometer la infracción de fabricación-comercialización, uso o porte de armas y municiones y, uso de documento falso, en agravio del Estado.
La menor fue retenida junto con una presunta banda criminal denominada por la Policía como “Los Hijos de Dios”.
El 10 de mayo de este año, un grupo de efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria de Yarinacocha, recibieron información que dentro de una vivienda ubicada en la carretera antigua a Yarinacocha, se encontraban ciudadanos venezolanos que portaban armas de fuego.
Fue así que procedieron a intervenir la vivienda donde encontraron durmiendo a Yirbelis Eugenia Dugarte Vernal (19), Owell Rafael Córcega Díaz (33), Carlos Daniel Estrada Villalobos (23), Jordan Daniel Espinoza Liendo (24), Yederson Fernando Díaz Pérez (22) y una adolescente de 17.
También se incautó tres armas de fuego entre ellas una mini-uzi, seis cacerinas, cincuenta municiones de diferentes calibres, 500 gramos de Pasta Básica de Cocaína y ocho celulares de alta gama.
De acuerdo a lo señalado por la fiscalía fue Yirbelis Dugarte quien alquiló la vivienda desde el 14 de abril, esta los días subsiguientes permitió el ingreso progresivo de las demás personas, entre ellas la adolescente que llegó el día 01 de mayo desde la ciudad de Chincha, acompañada de Carlos Estrada.
La tesis del representante del Ministerio Público planteó que la menor llegó a la ciudad de Pucallpa para “trabajar prestando servicios sexuales”, por lo que usó una cedula de identidad falsa para ingresar a los burdeles y a instituciones estatales, además, en la habitación donde pernoctaba se encontró una pistola, cinco cacerinas, veintinueve municiones operativas y tres casquillos percutados.
Fiscalía evidenció que la adolescente conocía de la existencia de las armas y municiones y además las custodiaba, encontrándose en condiciones de disponer a voluntad de ellas, por lo que la magistrada encontró acreditada la materialidad de las infracciones penales que se le imputaron.
La jueza también impuso la medida socio educativa de internamiento de la adolescente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita por dos años y fijó la reparación civil de 500 soles, que deberán abonar los padres o responsables de la menor infractora, en favor de las entidades agraviadas.
Cabe indicar que la sentencia quedó consentida ya que ninguna de las partes apeló. /. Tony Reátegui