Sentencian a 4 personas por delitos ambientales
Mariscal Cáceres.– La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Mariscal Cáceres – Juanjuí, consiguió que se sentencia a más de tres años de prisión, a cuatro personas que fueron halladas culpables de cometer diversos delitos ambientales en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y Huallaga, en agravio del Estado peruano.
Entre los sentenciados figura, Clanel Jesús Sucso Silvestre (37), quien recibió tres y seis meses de prisión suspendida por el delito de minería ilegal, tras ser intervenido el año 2013, en posesión de maquinaria y materiales utilizados para la extracción ilegal de oro, en el caserío Tipishca del distrito de Nuevo Progreso, Tocache.
También aparece, Reninger Cumapa Fasabi (37), sentenciado a tres años con cinco meses de prisión suspendida, como autor del delito contra los bosques o formaciones boscosas, debido a que realizó la tala y destrucción de una hectárea y media de bosque secundario con 20 años de recuperación en estado natural, en una zona restringida del sector Salas, distrito de Huicungo, Mariscal Cáceres.
De igual forma, Denis Vargas Bautista (37), recibió fallo condenatorio por el mismo plazo de años y meses, por ser responsable del delito contra los bosques o formaciones boscosas, pues realizó la tala de producto forestal maderable de la especie cumala, sin autorización de la autoridad competente, para construir su vivienda, en el caserío Ahuiwa, distrito de Saposoa, Huallaga.
Por último, se condenó a Miguel Ríos Cometivos (52), por el plazo de tres años y cinco meses, por ser culpable del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, debido a que, en el año 2018, transportó 381 pies tablares de madera de la especie cumala procedentes del caserío Ahuiwa con destino a Saposoa (Huallaga), sin contar con la documentación que acredite su autorización o procedencia lícita.
Las cuatro sentencias con orden de ejecución suspendida, fueron obtenidas en el mes de abril, mediante recurso de conclusión anticipada de juicio, a solicitud del fiscal provincial, Héctor Jesús Vera Santamaría.
Cabe añadir que, los sentenciados, además, deberán pagar sumas de dinero como reparación civil por el daño ambiental ocasionado y estarán sujetos a un período de prueba por el plazo de dos años con imposición de reglas de conducta, las cuales, de no cumplirse, revocarían la sentencia suspendida, para ser ejecutada de manera efectiva.