La representante de la Defensoría del Pueblo, Lizeth Castro exhortó a la ciudadanía en general a fiscalizar la campaña electoral de los candidatos al Congreso, haciendo sus denuncias respectivas de hechos que falten a la ley. Detalló que los servidores y funcionarios no pueden financiar con recursos públicos cualquier propaganda electoral o publicidad estatal, así como tampoco pueden utilizar locales o instalaciones del Estado. Agregó que tampoco pueden hacer referencia a algún candidato durante sus discursos o disertaciones, igualmente no pueden prestar su imagen para favorecer a algún candidato en especial. Dijo que la población cumple un rol importante en cada proceso electoral porque si identifica a algún funcionario que incumpla la ley pueden denunciarlo directamente a la Defensoría del Pueblo. Casos en investigación Dijo que en el caso del alcalde delegado de San Joaquín de Omaguas habría cometido una infracción a la norma, toda vez, que se presentó con un candidato a un acto público y proselitista, por lo que la denuncia será trasladada en las próximas horas al Jurado Electoral Especial. En lo que corresponde a la camioneta de la dirección Regional de Transporte, en el que se habría encontrado material de un candidato, expresó que ya se le abrió el proceso y también el caso ha sido enviado al Ministerio Público porque se habría cometido el delito de peculado de uso. “El Jurado Electoral Especial realizará una investigación administrativa para sancionar al partido. Los bienes públicos son prohibidos para usarse en campañas electorales», expresó. La representante de la Defensoría del Pueblo, invitó a toda la población a identificar al candidato, sus organizaciones y sus propuestas. «Nuestro deber es elegir bien para no tener el problema con candidatos impresentable que no han dado la talla de lo que los ciudadanos esperaban», puntualizó.( F.Herrera)

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