Debido a que estos hechos ocurrieron en provincias conformadas por comunidades nativas de los pueblos Awajún y Wampis, que se ubican a varias horas de las entidades que administran justicia, se recomendó a la Fiscalía de la Nación implementar cámaras Gesell en la zona y registrar los testimonios de las y los menores de edad agraviados evitando su revictimización.

Asimismo, se recomendó contratar personal médico para realizar las evaluaciones periciales que permitan esclarecer tales hechos; así como asignar recursos presupuestales necesarios para las notificaciones y diligencias pertinentes. La Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a adoptar estas medidas con la urgencia requeri

da para atender la problemática y, sobre todo, para evitar la afectación a la integridad física, psicológica y sexual de las personas más vulnerables. Estas acciones deben realizarse a través de una adecuada coordinación con las autoridades comunales, bajo un enfoque de interculturalidad, y la articulación sostenida de esfuerzos entre los diversos sectores, niveles de gobierno y entidades responsables de impartir justicia.

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