Este hecho transgredió lo dispuesto en el Decreto Legislativo 653 y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, pues ocasionó que el Estado perdiera tierras forestales, lo cual habría beneficiado a la empresa que los adquirió, la misma que antes de levantar la reserva de propiedad efectuó un contrato de garantía mobiliaria sobre el inventario forestal hasta por un monto de $ 13’500 000,00; lo que constituiría un perjuicio económico al Estado por S/ 40′ 581, 000,00.

Tras la emisión del informe de auditoría de cumplimiento, la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República procedió a realizar la denuncia correspondiente contra quienes resulten responsables ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, en perjuicio del Gobierno Regional de Ucayali. La denuncia alcanza a tres ex funcionarios que ocuparon cargos en la Dirección Regional de Agricultura, Dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica, así como de Evaluadora de Constancias de Posesión de la Agencia Agraria de Coronel Portillo, en el período 2007 al 2009, de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de esa región.

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