Treinta presuntos miembros de la organización criminal los Verdugos de San Martín, dedicados al robo agravado, extorsión, sicariato, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, fueron detenidos esta madrugada en la región San Martín.

En el operativo, ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, se intervinieron 38 inmuebles en Moyobamba, siete en Juanjuí,tres en Tarapoto y uno en la región Amazonas. Al mismo tiempo, se hizo una requisa extraordinaria en 9 celdas de Juanjuí y una en el penal de Tarapoto. El ministro del Interior,Mauro Medina Guimaraes, precisó que “se trata del megaoperativo número 43 en lo que va del 2018.Al frente del caso estuvo la División de Investigaciones de Alta Complejidad”.

Indicó, además, que este megaoperativo se ejecutó tras 10 mesesdeinvestigaciónyconstituye un golpe contundente contra el crimen organizado enlaregiónSanMartín. “A partir de estas detenciones y lo incautado contra los Verdugos de San Martín se inicia una segunda etapa de investigación que nos debe llevar a mayores detenciones”,añadió. De acuerdo con las investigaciones policiales, los Verdugos de San Martín se encuentran vinculados con por lo menos 26 robos agravados y nueve homicidios calificados perpetrados desde el 2016 a la fecha.

Entre sus filas fueron contabilizados un total de 17 reos en cárcel. El rango de acción de la organización criminal incluía las provincias de Rioja, Moyobamba, Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres, en la región San Martín.De igual forma,había extendido sus actividades ilícitas por la provincia de Bagua, en la región Amazonas. La Policía afirma que la banda los Verdugos de San Martín estaría liderada por Segundo José Quispe Pérez (49).

Este sujeto fue detenido porlaPNPenMoyobamba. Entre sus hombres de confianza figurarían los hoy presos Leandro Carranza del Águila (de 28 años) y Mender Pizango Dahua (de 41). A ellos se les atribuye el rol de lugartenientes desde sus celdas en el penal de Juanjuí. La organización criminal, según la PNP, contaba con el apoyo de miembros de la propia Policía Nacional del Perú y de la Fiscalía de la Nación para delinquir con impunidad. Los funcionarios y servidores públicos alertaban a los integrantes de operativos o investigaciones en su contra,a cambio de un beneficio económico. Cómo operaba

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