Reversión de predio en San Juan de Pumayacu carece de sustento legal

En los últimos días, candidatos al Congreso de la República por la región Ucayali coincidieron en que la reversión del predio en San Juan de Pumayacu carece de sustento legal.

Uno de ellos fue el propio ex Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), Edwin Miranda, y hoy candidato por Alianza para el Progreso, quien señaló a la revista Caretas que durante su gestión intentó hasta en dos oportunidades registrar el predio, pero que SUNARP la rechazó por ser irregular.

“En este caso específicamente de la huelga y la manifestación de San Juan de Pumayacu, este expediente se ingresó a los registros públicos hasta por dos oportunidades y las dos veces que se envió, los registros públicos la han observado. Y en una tercera en la gestión del señor (Luis García Torres) también la han ingreso y fue observada”, manifestó.

Asimismo, dijo que se observa ese documento porque “existe una titulación sobre un territorio con título, lo que estamos diciendo es que en el documento de los registros públicos especifica que el terreno en disputa tiene un título de propiedad a nombre de alguien y sobre eso nada se va poder inscribir, es una lógica administrativa y legal”.

Por otro lado, durante una entrevista en el programa Detrás de la Noticias de La Ribereña, el abogado y candidato al congreso por Acción Popular, Jack Flores, señaló que el Estado le otorgó el título sobre 3000 hectáreas a una persona. Se trata de Ciro Apéstegui, quien compró el predio a la empresa pública CIUSA en el 2003 durante un proceso de liquidación y con autorización de Proinversión.

De acuerdo con el abogado Jack Flores manifestó que esta persona le vendió luego el terreno a la empresa Refinca. “Esta persona ha sido adjudicada por el gobierno y obviamente era el propietario. Nos guste o no, Refinca (ahora) es el propietario (del predio)”, indicó.

Finalmente, el abogado constitucionalista, Luciano López, declaró que esta acción “es la clásica de las malas prácticas de los traficantes de tierras en el Perú” y que la reversión del predio “es inconstitucional” y que sienta un precedente que podría hacer que cualquier agricultor sea despojado de su terreno si el Estado, en este caso el GOREU, “quiere aplicar la ley de reversión de forma arbitraria e irregular”.