PROPONEN ELIMINAR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, presentó el proyecto de ley 00106 para liminar el financiamiento público directo e indirecto que reciben los partidos políticos.
También se busca modificar el artículo 36-D de la ley N° 28094 para que sea considerada una infracción grave que una persona jurídica haga este tipo de aportes económicos y que una entidad pública o privada no entregue la información solicitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En las disposiciones complementarias finales se establece que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otras instituciones competentes deberán adecuar, dentro del ámbito de sus competencias, las disposiciones complementarias necesarias para la implementación de esta ley en máximo 60 días calendario, desde su entrada en vigor.
De esta manera, se busca que los recursos públicos sean destinados a atender servicios públicos escenciales y contrubuir al “fortalecimiento de la eficiencia, transparenciay sostenibilidad del gasto público”.
¿CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN?
Yarrow reconoce que la Ley N° 28094 incorporó un sistema de financiamiento público directo e indirecto con el objetivo de fortalecer el sistema democrático, promover la igualdad de oportunidades entre las organizaciones políticas y reducir la influencia de financiamiento privado en la competencia electoral.
Sin embargo, sostiene que la experiencia de los últimos años evidencia que este mecanismo ha sido cuestionado por la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación vinculados a dirigentes, militantes o personas relacionadas con determinadas agrupaciones políticas. Este diseño también permitiría que recursos del Tesoro Público financien actividades partidarias en un contexto donde la población tiene necesidades en sectores como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.
En consecuencia, para la diputada, se ha generado “riesgos de conflictos de interés, cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y una percepción ciudadana de ineficiencia en la asignación del gasto estatal, afectando la confianza en las instituciones democráticas”.
“Diversos medios informaron la necesidad de intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para investigar posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos destinados a la franja electoral, circunstancia que evidencia la pérdida de legitimidad del esquema vigente y la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer la confianza ciudadana”, se lee en el texto.